Esta organización agraria considera que esta actuación implicaría un recorte de fondos: el sector perdería las aportaciones estatal y autonómica, puesto que las ayudas del segundo pilar son cofinanciadas.

Sevilla, 24 de mayo de 2013. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, COAG Andalucía, rechaza el trasvase de fondos de desarrollo rural (2º pilar) para ayudas directas (1er pilar), tal y como ha planteado el Ministerio de Agricultura (MAGRAMA), que se acoge a la posibilidad de trasvasar fondos que se plantea desde Bruselas (hasta un máximo del 25%).

El Ministerio ha explicado que trasladando fondos de desarrollo rural hacia ayudas directas se podrían satisfacer los tramos de ayudas para jóvenes, pagos acoplados, reserva nacional, etc., paliando así los recortes en los pagos directos. Sin embargo, esta organización agraria, que siempre ha defendido la necesidad de favorecer el relevo generacional como clave del futuro del sector, considera que con el trasvase no se garantiza. Además, tampoco está claro quiénes serían los destinatarios de estos pagos directos ni qué sectores recibirían la ayuda acoplada.

Por otra parte, esta propuesta supondría en la práctica un recorte de los fondos destinados al sector agrario, ya que las políticas de desarrollo rural son cofinanciadas, por lo que se perderían las aportaciones estatal y autonómica.

En Andalucía, los retrasos en los pagos para primera instalación y modernización de explotaciones han frenado la creciente tendencia a la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria (112% de incremento medio del número de solicitudes en aquellas comunidades autónomas que abrieron convocatoria en 2012), como una salida laboral en un contexto de fuerte crisis económica.

Estos retrasos han de corregirse, pero no pueden ser un argumento, como tampoco puede serlo el de “ahorrar gastos” para las comunidades autónomas en el actual contexto de crisis. La cofinanciación no puede ser concebida como un gasto, sino como una inversión, y Andalucía no puede consentir que se recorte la única vía que le permite hacer política propia, para apostar de forma prioritaria por los profesionales y promover la modernización de explotaciones, el relevo generacional, el fomento de los productos de calidad, la sostenibilidad de las producciones, etc.,

Esta organización agraria recuerda que la política de desarrollo rural es la principal herramienta con la que cuentan las regiones para potenciar los sectores productivos y asegurar el futuro sostenible de las explotaciones. Reducir sus fondos implicaría recortar el apoyo a los profesionales que quieren incorporarse y que son los garantes del futuro del sector, cuando en momentos como el actual, y especialmente en Andalucía (con más de un 67% de paro juvenil), el objetivo principal de cualquier política debe ser el mantenimiento y potenciación de los sectores productivos y la generación de empleo.

Actualmente, nuestra comunidad autónoma recibe alrededor de un 25% del presupuesto estatal para desarrollo rural (FEADER), según criterios objetivos de reparto relacionados con la importancia del sector. Sería la región que más perdería, por tanto, sin garantías de que los fondos trasvasados retornaran al territorio y al modelo social y profesional predominante en Andalucía y que para COAG debe ser prioritario.